Paraguay, del golpe al retorno. Criminalización de la lucha social y derechos humanos en el nuevo escenario político por Clyde Soto

Esta presentación tiene como propósito identificar núcleos persistentes del autoritarismo en el Paraguay, emergentes de manera franca luego del golpe de junio de 2012, pero que guardan un hilo de continuidad con respecto a la historia reciente del país. Entonces, en una primera parte se hará un breve recorrido del itinerario seguido para llegar a este punto de retorno que significó el golpe parlamentario de 2012; seguidamente se hará una reflexión acerca de cuál es el modelo al que se retorna, para luego identificar qué señales del retorno son las que emergen en la coyuntura actual paraguaya.

 

1. Golpe y quiebre: Itinerario del retorno

 

El golpe marca un punto de quiebre a partir del cual se produce el retorno de las fuerzas conservadoras que dominaron el proceso político pos-dictatorial hasta el año 2008 y, además, el regreso desembozado de patrones autoritarios e irrespetuosos de los derechos humanos propios de la dictadura stronista.

180 dias

 

Desde la salida de la dictadura, en 1989, el Paraguay vivió un proceso de transición con aspiraciones democratizadoras. Se fueron produciendo cambios relevantes en el sistema, incluyendo elecciones progresivamente transparentes y competitivas, legislación, políticas y también la instalación de compromisos relacionados con los derechos humanos. No obstante, este trayecto democratizador fue siempre altamente accidentado y tuvo permanentes amenazas de retorno. La primera década pos-dictatorial estuvo marcada por la persistencia de un poder militar aún extralimitado, pero en tensión con el sistema político, siendo visible esto en las amenazas de golpe de Estado, que alcanzaron puntos culminantes en los años 1996, 1999 y 2000, con las intentonas golpistas encabezadas por el entonces general Lino Oviedo. Ya en la primera década del siglo XXI pareció estabilizarse el poder civil en un marco de democracia política más consolidado.

 

Cabe destacar, sin embargo, que todo el proceso de la transición, hasta el 2008, tuvo en el poder al mismo partido, el Colorado, gobernante por 61 años, que atravesó el periodo previo a la dictadura, de inestabilidad política, el periodo dictatorial, de estabilidad forzosa, y el periodo de democratización, con las conflictividades propias de la recomposición de los poderes que habían sido consolidados durante los 35 años del régimen stronista.

 

Es decir, en Paraguay cambiaron las cosas de manera importante, pero sobre todo se fueron reacomodando las mismas piezas que habían dominado el juego por tan largo tiempo: no sólo militares y colorados, sino también los sectores de poderío económico, altamente vinculados con los dos anteriores, con fortunas construidas gracias a negocios facilitados por la concentración del poder estatal y la corruptela dominante.

 

En especial, se puede citar a las grandes obras públicas (nichos de altísima corrupción), a la ganadería y al agronegocio, a su vez vinculados con la posesión de tierras –en parte importante malhabidas (tierras que debían ser destinadas a la reforma agraria, asignadas sin merecimientos a compinches políticos o a la parentela de los poderosos)–, a los diversos tráficos ilegales (autotráfico, armatráfico, narcotráfico) y otros negocios mafiosos. Por dar un solo dato que ilustra esto, el informe final de la Comisión Verdad y Justicia identificó que entre 1954 y 2003, unas 7.851.295 hectáreas de las 12.229.594 que estaban destinadas a la reforma agraria (el 64,1% de las tierras adjudicadas), fueron otorgadas con graves irregularidades con relación a los mandatos de la legislación agraria.

 

No obstante, también hubo un arduo trabajo de construcción ciudadana y de participación social en torno al ideal democrático. La primera experiencia de alternancia política, sucedida en 2008, de la mano de una alianza política entre liberales y sectores de izquierda, fue así el cambio más notable en cuanto a tónica hacer gobierno, sin haber sido –ni mucho menos– una experiencia de cambios profundos y revolucionarios, aun cuando haya habido algunas políticas innovadoras y de alto impacto. Pero se conjugaron los intereses dañados de los sectores de poder y el conservadurismo retrógrado de una parte dominante del espectro político para producir lo que fue denominado el golpe parlamentario del 22 de junio de 2012, utilizando como excusa la matanza de Curuguaty.

 

El golpe de 2012 marcó en el Paraguay un punto de ruptura de los mínimos del pacto democrático, el retorno y recomposición de los tradicionales sectores de poder y, además, la revigorización de varios de los presupuestos de un sistema autoritario, nunca del todo desterrados en el sistema político paraguayo.

 

Se ha discutido mucho, tanto a nivel nacional como internacional, acerca de la aceptabilidad democrática del proceso de juicio y destitución presidencial acaecido en 2012 en Paraguay. Se parte aquí de la posición de que tales eventos fueron de carácter antidemocrático por: haberse apartado de las normas básicas de un debido proceso, alegando vacíos constitucionales y legales como permisos para violar garantías mínimas que deben regir en cualquier tipo de proceso; por las altas sospechas de su carácter programado como parte de un largo itinerario de debilitamiento del gobierno entonces vigente (como muestra: 24 intentos de juicio político en los menos de cuatro años de duración de dicho gobierno) y por las alegaciones vinculadas con lo ideológico como supuestas justificaciones de la legitimidad de la destitución.

 

2. A qué se retorna

 

Nunca se regresa del todo al mismo lugar de donde se había partido. Aun cuando parezca ser el mismo lugar, el tiempo transcurrido, lo acaecido y los actores que retornan, no son exactamente los mismos. Hablamos de retorno, entonces, para señalar los núcleos de persistencia de modelos estructurales, de relaciones políticas y de postulados ideológicos y de pensamiento que a partir de 2012 en el Paraguay se consolidan y manifiestan sin mayores obstáculos. No es que es estos núcleos no hayan existido antes: es que el golpe sirve para barrer con las oposiciones a su vigencia y para abrir el camino a que operen desde las amplias facultades y beneficios del poder público, con legalidad y hasta legitimidad escasamente discutidas.

 

Entonces, ¿a qué se retorna?

 

A un modelo de Estado al servicio de intereses minoritarios altamente concentradores de poder económico y político: El golpe activa primero un gobierno breve transicional a cargo de los liberales y, luego de las elecciones de abril de 2013, un gobierno colorado electo, que rápidamente desarrollan medidas de choque para restituir este modelo, desactivando políticas que lo habían, aunque mínimamente, cuestionado. Como ejemplos, las nuevas limitaciones presupuestarias a la política de universalidad y gratuidad en el acceso a la salud, o la rápida aceptación de nuevos cultivos transgénicos, o la más reciente ley de militarización, que castiga fuertemente a las organizaciones de base campesinas en el norte del país.

 

A la perversión del sistema democrático: Se retorna a un sistema político que aun cuando dice gobernarse por reglas democráticas, en realidad se sirve de ellas en tanto benefician a los intereses dominantes. En el Paraguay, la democracia es respetada en tanto no afecte a los intereses de sectores poderosos y se la manipula y desconoce, disfrazándola para que siga pasando por tal cuando no conviene a dichos sectores. No hace falta insistir en que esta forma de operar es radicalmente antidemocrática. En todo caso, se trata de una democracia aparente, de un sistema que ha sido pervertido en sus componentes más indeclinables. Es lo que se puede ver que ha sucedido en el juicio y destitución presidencial, en el infame juicio del caso Curuguaty y además en el desconocimiento del respeto a los derechos humanos como condición ineludible de los sistemas democráticos.

 

Es importante no olvidar este núcleo que opera como sustrato para un gobierno que se presenta como portador de “un nuevo rumbo” para el Paraguay, con tintes tecnocráticos, que apunta a un estilo arrollador de producción de obras de gran porte y, con ello de generación de altos índices de desarrollo. Sin embargo, al mismo tiempo o coquetea con el antiguo autoritarismo paraguayo o actúa de forma abiertamente represiva.

 

A la vigencia sin obstáculos de un modelo económico altamente concentrador de la riqueza y con potentes consecuencias en términos de desigualdad económica y social: El Paraguay es un país que ha tenido desempeños macroeconómicos favorables en los últimos años: es de los países que muestran haber crecido. Esta situación está fuertemente sustentada en indicadores dependientes de la capacidad de producción y comercialización de productos agropecuarios, principalmente soja y carne. Ahora bien, mantener este modelo implica altas dosis de desigualdad, manifiestas en los índices de pobreza, y de injusticia. Ahí está el sentido de la alta concentración de la tierra, de la expulsión de población campesina, de los conflictos suscitados a partir de esto.

 

El Paraguay fue construido sobre un proceso muchas veces cruento y otras hasta casi imperceptible de expulsión o explotación de la población campesina pobre y mestiza, y de la población indígena, de las tierras que ocuparon por años y que fue pasando sucesivamente de ser propiedad estatal a manos de terratenientes y productores agrícolas y ganaderos. Este proceso de descampesinización a costa de la concentración de la tierra cobra fuerza y agudiza la conflictividad social con la instalación –no sólo en Paraguay, sino en toda la región– de la producción agrícola sojera intensiva, extensiva, expansiva y expulsiva. En el foco del golpe, de Curuguaty, de las violaciones sistemáticas de derechos humanos, están el problema de la tierra y de un modelo productivo que básicamente genera desigualdad social. Para entender el desenlace actual del proceso paraguayo se debe comprender esta relación.

 

Se trata de un desarrollo argumental de largo aliento, que abarca toda la historia del Paraguay, no sólo de la época independiente, sino incluso la de su gestación como territorio colonizado expropiado a sus habitantes originarios.

 

A un patrón de violencia estatal y violaciones a los derechos humanos ejercido y sostenido prioritariamente por las fuerzas públicas y el sistema de justicia: Junto con todo lo anterior, la disidencia persistente, aunque minoritaria y sin capacidad básica para impedir estos derroteros, es castigada por vía de las represiones, de la criminalización de sus luchas y de procesamientos penales indebidos.

 

A la predominancia de ideas propias de las mentalidades autoritarias, que sostienen ideológicamente todo este aparato: Junto con todos los otros núcleos persistentes, pugna por instalarse un tipo de discurso único, legitimador de las violaciones a los derechos humanos, que reproduce básicamente la idea de la existencia de enemigos ideológicos que deben ser eliminados, y que da amplio sustento a los hechos que se suceden en la cotidianidad paraguaya.

 

3. Señales del retorno

 

Cuáles son los síntomas del retorno:

 

Cierre de todas las puertas de la justicia: El copamiento político del sistema de justicia y de todos los recursos de control de poderes que deberían estar vigentes en un sistema democrático hace que se produzcan hechos aberrantes en torno a juicios emblemáticos o decisiones de alta relevancia en el país. No sólo la farsa del juicio político operó en este sentido, también en el caso Curuguaty se puede visualizar este tipo de situación, así como en otros casos de persecución a defensores de derechos humanos. Así, quedan pocas opciones de defensa o de oposición con posibilidades de éxito ante los abusos de poder.

 

Criminalización de la lucha social: Existe un permanente acoso a las organizaciones sociales que se oponen al sustrato central del modelo económico; es decir, a la alta concentración de la tierra, derivada de tierras malhabidas de larga data. El movimiento campesino es así foco de las represiones y persecuciones más encarnizadas, así como otras organizaciones y personas que podrían molestar en el avance sobre las tierras. Un caso paradigmático es la persecución judicial a Iniciativa Amotocodie, ONG que trabaja en la defensa del territorio del pueblo indígena ayoreo en aislamiento voluntario, pues muestra un similar hilo conductor que termina en el tema de la propiedad y la explotación de la tierra.

 

Aniquilación del enemigo: A lo largo de estos 24 años, un número cercano a 130 campesinos han muerto o desaparecido en el contexto de la lucha por la tierra, en actuaciones abrumadoramente impunes. El Informe Chokokue[1], que investigó exhaustivamente 77 de estos casos, demuestra que en ninguno de ellos el Estado paraguayo cumplió acabadamente con sus deberes de investigación y sanción de los responsables. El caso Curuguaty, con la matanza de 11 campesinos y 6 policías, es un momento cúspide en este tipo de actuaciones. Y agrega un elemento que completa el cuadro: su posible planificación y sus derivaciones políticas. 

 

Los asesinatos selectivos por obra de sicarios se han instalado en el país como modus operandi para la eliminación de la disidencia pacífica ante un modelo injusto de producción que, bajo el ropaje de desarrollo, genera pobreza y desigualdad. Las víctimas (por ahora): dirigentes campesinos. Desde el el golpe de 2012 ya se han dado 6 casos de este tipo de asesinatos, ninguno debidamente investigado: Vidal Vega, Benjamín Lezcano, Lorenzo Areco, Sixto Pérez, Antonio Moreira y el más reciente, en esta misma semana, Inocencio Sanabria.

 

El objetivo: acallar la protesta social e instalar el miedo. La reacción estatal ante estos hechos configura un patrón de violaciones de derechos humanos, pues básicamente no se hace nada (o se hace, pero insuficientemente) para investigar los crímenes, sancionar a los culpables, reparar el daño a las familias de las personas asesinadas e impedir que haya más víctimas. Este patrón contrasta drásticamente con la inversión estatal ante otros crímenes de personas que pertenecen o están vinculadas con los círculos de poder: ante estos sucesos, el Estado paraguayo despliega su poder coercitivo, incluso más allá de lo admisible para un Estado que quiera calificarse de democrático.

 

Militarización: La reciente modificación de la ley de defensa da amplia potestad al Poder Ejecutivo para decidir sobre la utilización de las fuerzas armadas para operaciones de seguridad interna. El argumento de base es el peligro de las actuaciones de un grupo armado autodenominado EPP, cuyas actuaciones –sospechosamente– siempre preceden a recrudecimientos de la represión o a la instalación de este tipo de medidas atentatorias del sistema democrático.

 

Junto con la militarización, se producen numerosos hechos de allanamientos indebidos, de acusaciones infundadas en contra de pobladores de la zona norte del país, torturas y tratos crueles y degradantes por parte de los agentes estatales en operaciones y numerosas otras violaciones de derechos humanas, nunca investigadas y ni siquiera asumidas como realidades innegables.

 

Clientelismo: El retorno del Partido Colorado al poder desató todo un debate acerca de las aspiraciones de la dirigencia de este partido de ocupar cargos en el Estado como premio a la militancia política y sin consideraciones a la idoneidad para el desempeño público. Se trata del tradicional modo de operar instalado durante la dictadura. Si bien hay una aparente oposición por parte del nuevo presidente, éste es un aspecto central del estilo autoritario imperante.

 

Discurso legitimador: Desde el golpe en adelante, la izquierda ha sido sistemáticamente señalada como portadora de un tipo de pensamiento prohibido o como un peligro que debe ser erradicado. Igualmente, el odio a las diferencias y un nacionalismo chauvinista patente en los debates acerca de la soberanía paraguaya ante el rechazo de la comunidad internacional frente al golpe y sus derivaciones. También el discurso de la seguridad interna va en este sentido.

 

Polarización social / miedo: Socialmente, se ha profundizado la polarización y se ha instalado el miedo al otro, a la diferencia, a los cambios sociales. En particular, existe un desenfadado ataque a las ideas y las personas de izquierda, azuzado por algunos medios de comunicación y por algunos actores políticos. Los eventos represivos y la falta de garantías frente a las actuaciones policiales y militares, así como las faltas al debido proceso, regresan al antiguo temor ciudadano ante el autoritarismo.

 

4. Nuevo rumbo del retorno

 

La primera etapa de gobierno de Horacio Cartes se caracteriza por la generación de las condiciones legales para deslizarse con toda tranquilidad en el resto del periodo presidencial: a) espacio libre para el control y eliminación de la disidencia social, vía modificaciones a la Ley de Defensa, b) pista aceitada para los grandes negocios, con ilimitada potestad de definición y control para el Ejecutivo y amplias protecciones a los inversores privados. La concentración de poder en el Ejecutivo es facilitada por un Congreso que ha perdido no sólo su prestigio, sino también su capacidad de representar intereses colectivos, donde la posibilidad de oposición al modelo está depositada en apenas una minoría, que si bien goza de mayor presencia a partir de las últimas elecciones, no tiene fuerza para impedir el avance arrollador del nuevo rumbo.

 

Pero nos engañaríamos si creyéramos que esto comenzó el 15 de agosto de 2013. El golpe de 2012 fue la palada inicial para una obra que hacía tiempo estaba siendo pensada. Y empezó aun antes: una cultura profundamente autoritaria y clientelar, y una ciudadanía asombrosamente resignada, configuradas a lo largo de la historia política y social del Paraguay, han sido el caldo de cultivo perfecto para la obra maestra del retorno. Para cambiar el sentido de este rumbo de graves retrocesos, deben moverse todas las piezas de un tablero que parece haberse eternizado en la imposibilidad democrática.

 

 

Clyde Soto

Centro de Documentación y Estudios (CDE)

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(*) Presentación realizada en el Ciclo de conferencias “Democracia, derechos humanos y ejercicios de poder en la región”, organizado por la Universidad Nacional de Misiones (UNaM), Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales. Posadas, 19 de septiembre de 2013.

 

[1] Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay (Codehupy), Informe Chokokue. Ejecuciones y desapariciones en la lucha por la tierra en el Paraguay (1989-2005), Asunción, Codehupy, 2007. Chokokue: Campesino, en guaraní.

 

 

Foto: Archivo Decidamos, Acto 180 días resistiendo al golpe frente al Panteón.