En América Latina y El Caribe cinco de cada diez mujeres en edad de trabajar están fuera del mercado laborla

Más de 100 millones de mujeres en la región son parte de la fuerza de trabajo. De ese total, 22.8 millones se incorporaron en los últimos diez años al mercado laboral, lo que constituye una de las transformaciones sociales y económicas más importantes de las últimas décadas.

 

Este proceso ha perdido dinamismo desde el comienzo del nuevo milenio. Hoy la mitad de las mujeres latinoamericanas y caribeñas está aún fuera del mercado laboral. Solamente cinco de cada diez mujeres en edad de trabajar participan en la fuerza de trabajo, en contraposición a ocho de cada diez hombres.

Las mayores tasas de participación laboral corresponden a las mujeres con mayor nivel educativo formal, menores responsabilidades familiares o mayores recursos para adquirir servicios de cuidado (62%, quintil V). En tanto, las mujeres pobres son las que enfrentan mayores dificultades para insertarse en el mercado laboral, como consecuencia de menores niveles educativos y los obstáculos para compartir o delegar las responsabilidades domésticas y el cuidado de los hijos y dependientes (38%, Quintil I).

 

Otra cara de este fenómeno son las altas tasas de desempleo de las mujeres, especialmente entre las mujeres más pobres del primer quintil. Las diferencias con las mujeres del quintil más rico pueden alcanzar aproximadamente 19 puntos porcentuales (Chile y Venezuela). 

 

Entre las personas subempleadas, es decir que trabajan en jornadas parciales porque no encuentran empleo de jornada completa, la cantidad de mujeres es mayor a la de los hombres. Así, en América Latina y el Caribe, hay 2,3 millones de mujeres y 1,8 millones de hombres que trabajan menos de 30 horas semanales y desearía trabajar más.

 

Es necesario que los Estados definan políticas activas para facilitar y garantizar el acceso y la permanencia de las mujeres en el mercado laboral. Estas acciones podrían contemplar:

• Transversalización e institucionalización del principio de no discriminación e igualdad de género en los órganos públicos, políticas y normativas legales relacionados con el empleo.
• Políticas de empleo activas para las mujeres, tales como formación para el trabajo, intermediación laboral y planes especiales de empleo, que consideren la diversidad, con particular atención a las mujeres jóvenes, afrodescendientes e indígenas.
• Políticas y programas de formación profesional para las mujeres.
• Garantía para el acceso de las mujeres a activos y créditos productivos, especialmente a mujeres rurales.
• Inclusión en los objetivos de la política nacional del principio de no discriminación a las personas con responsabilidades familiares, de modo que puedan ejercer sin conflicto sus responsabilidades familiares y profesionales asegurando su integración y permanencia en la fuerza laboral y su reintegración luego de períodos de ausencia.
• Iniciativas para la conciliación entre trabajo remunerado y de cuidado: licencias parentales, desarrollo y ampliación de servicios comunitarios, públicos y privados para niños y personas dependientes, de calidad, adecuados y accesibles.
• Garantía y acceso a los tribunales judiciales y administrativos para presentar reclamos laborales y la promoción de la participación de las mujeres en la actividad sindical y en la negociación colectiva.
• Promoción de capacidades y competencias empresariales y de emprendimiento de las mujeres.

 

Fuente: Observatorio para la igualdad de género en América Latina y El Caribe - Cepal