Los Cien días de gobierno Cartes: El fin de la alternancia por Milda Rivarola

 

La tortuosa alternancia paraguaya (2008/2013) acabó en abril, con el retorno de la ANR al poder que ocupa desde mediados del siglo pasado. La mayoría para el presidente Horacio Cartes (45,8% versus 36,9% de E. Alegre) se repitió en las gobernaciones: 12 de 17 departamentos tienen gobernador colorado, y sólo 5, liberales (1). La participación electoral del 68% (casi 2, 4 millones de electores) fue algo mayor que la del 2008.

 

La ANR tiene mayoría propia en Diputados, con 43 de los 80 escaños. El PLRA cuenta con 27 diputados, y el resto se distribuye (1 o 2 bancas) entre partidos menores Unace, Avanza País, PEN, PPQ y FG e independientes. De las 45 bancas del Senado la ANR ganó 19 y el PLRA, 13. La izquierda amplió su presencia con 7 senadores (5 del FG, y 2 de AP), el PDP tiene 3, Unace 2 y el PEN, 1. Estas elecciones señalaron el declinio de dos fuerzas de centro o derecha (PPQ y Unace), y un leve ascenso de fuerzas progresistas.

 

No se trata del retorno triunfal de las viejas formaciones políticas y del bipartidismo. Parece más bien la eficiente cooptación de la ANR (y de parte del PLRA) por un proyecto empresarial de privatización del Estado, facilitado por la debilidad (clientelismo, corrupción, falta de programas) de ambos partidos tradicionales. El fracaso del proyecto semi- progresista (Gobierno Lugo) es casi naturalmente sucedido por la hegemonía de una derecha neoliberal, que actúa libremente en un “vacío” organizativo de la sociedad, golpeada por la frustración social y política.

Gracias a un pacto (Acuerdo País) con los liberales, el Ejecutivo contaría con 7 de cada 10 senadores y 9 de cada 10 diputados. Este congreso mayoritariamente de derechas ya dio plenos poderes a Cartes para militarizar la seguridad (reforma de la Ley de Defensa), y tercerizar/ privatizar obras y servicios públicos (Alianza Público Privada).Pero el intento de concentrar atribuciones presupuestarias en el PE derivó en una perforada ley de Responsabilidad Fiscal, destinada sólo a frenar la inversión social y congelar salarios del sector público. Fracasó el intento de frenar el clientelismo partidario, que se concreta en el debate anual del PGN.

 

Ambos poderes mostraron su vulnerabilidad ante el sector agroexportador. El PL cedió ante el lobby sojero, y reformó el proyecto de Hacienda (10% a la exportación de granos no industrializados) hasta volverlo inocuo. Pero tras reunirse con los empresarios rurales (UGP, ARP), el titular del Ejecutivo vetó simplemente toda esa ley. El sistema tributario paraguayo sigue siendo de este modo altamente regresivo.

 

La progresiva e inédita cesión de atribuciones parlamentarias al Ejecutivo (concentración de poderes en Cartes) se logra a través de diversos instrumentos:

 

a) Distribución de altos cargos del aparato de Estado a caudillos colorados (binacionales, Relaciones Exteriores, área social SAS, INDERT, entes privatizables como COPACO, ERSSAN, etc.)

b) corrupción (compra de votos parlamentarios). La aplastante mayoría en diputados (60 de 80 bancas, incluyendo 15 liberales) para la ley de APP sólo puede explicarse así: las Cámaras no ceden atribuciones altamente “rentables” para sus miembros, como la de inversiones extranjeras, sin compensaciones económicas inmediatas.

c) afinidades ideológicas –favorables a modelo agroexportador, de rechazo a poblaciones pobres o vulnerables, indiferente a cuestiones ambientales y de derecho humanos- del Ejecutivo y miembros del Parlamento.

d) garantías de impunidad a jefes del anterior gobierno (caso Quesnel como excepción). Cartes ordena a sus ministros “no mirar atrás” con tantas denuncias, mientras desaparece la anunciada auditoria internacional a ministerios y entes públicos.

 

 

Temas que fueron reiterativos en su campaña están siendo paulatinamente abandonados: el de la reforma de Estado se desdibuja con el mantenimiento de subsidios a transportistas y sojeros (precio subvencionado de gasoil), un PGN 2014 nuevamente deficitarios, y se debilita el perfil tecnócrata del gobierno (nombramiento de seccionaleros y jefes partidarios). Tras renunciar al débil intento de hacer tributar a agroexportadores, Hacienda hace más préstamos del Banco Central y vende Bonos del Tesoro (sigue creciendo la deuda pública)

 

El publicitado combate a la pobreza no tiene financiamiento en el PGN 2014 (rubros de Salud disminuyen), y la designación de políticos como titulares de áreas estratégicas al combate a la pobreza (SAS e INDERT), y las expresiones neoliberales de otros (Salud, Agricultura) anuncian la escasa voluntad de ejecutar políticas sociales.

 

Hay áreas que de cualquier modo no figuraban en el Plan de Gobierno de Cartes ni en sus Estrategias de los primeros cien días, análisis internacionales (Fundación K. Adenauer, caída del indicador Calidad de Democracia, protestas de juristas del Foro de Sao Paulo, etc) muestran la persistencia de violaciones de Derechos Humanos. Si las fuerzas militares fracasaron una vez más en la lucha contra el EPP, el ejército y la policía están sumando su cuota de violaciones de DDHH a campesinos en el norte del país.

 

La degradación del medio ambiente se facilitó por el decreto que permite deforestar sin Licencia Ambiental a fincas de hasta 500 has. Y sin mucha resonancia mediática ni demasiado interés, el gobierno inició la lenta recomposición de las relaciones internacionales. Cartes invierte más esfuerzo en relacionarse con grupos empresariales e inversionistas extranjeros que en el reingreso a Mercosur.

En sus primeros cien días, el gobierno Cartes se está revelando no como el rival sino como el sucesor exitoso del gobierno Franco. Dotado de instrumentos que faltaban al anterior- legitimidad electoral, cooptación de atribuciones parlamentarias, concentración legal de poderes represivos- llevará adelante, tardíamente, el proyecto neoliberal y privatizador que no afectó mayormente al Paraguay en la década de los ‘80.

 

Ambos gobiernos, el de Franco como de Cartes, fuertemente sesgados a la derecha, tienen como caldo de cultivo favorable el decidido apoyo del empresariado y el de los medios de comunicación, y benefician de la desarticulación del movimiento social y ciudadano y la dispersión/debilidad parlamentaria de partidos de izquierda. Las recientes manifestaciones contra la ley de Alianza Público Privada podrían anunciar la recuperación de las movilizaciones sociales, pero ya probaron la rápida reacción represiva del gobierno.

 

Por Milda Rivarola politologa. Foto: Archivo Decidamos